Amparo contra leyes

Por Jesús Eduardo Domínguez Lizardi

El amparo contra leyes. Es aquel que se utiliza para proteger a las personas contra normas inconstitucionales, determinando la desaplicación de la ley en el caso concreto, ya que las sentencias que se pronuncian en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales (privadas u oficiales) que los hubieran solicitado, limitándose a ampararlos o protegerlos si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda sin haber una declaración general respecto a la ley o acto que la motivare.
Es importante para las personas que promueven un amparo saber dos cosas fundamentales, ya que a veces tenemos una idea errónea sobre este:

Primero.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada.

Segundo.- La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

El amparo contra leyes se puede promover en tres situaciones según el artículo 107 constitucional:
Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales.

Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal.

Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.
Para cada tipo de amparo es necesario saber que Autoridades conocen del juicio de Amparo:
· Suprema corte de Justicia de la Nación
· Tribunales Colegiados de Circuito.
· Juzgado de Distrito

Partes que participan en un juicio de amparo:
La parte agraviada
Autoridad o autoridades responsables,
Posible tercero perjudicado
Ministerio Público.

La parte agraviada es la solicitante del Amparo o quejoso, la afectada por la ley o actos de autoridad inconstitucionales.
La autoridad responsable es la demanda contra quien se promueve el juicio.
El tercero perjudicado es la persona o personas que tienen interés en la que subsistencia de la ley o acto que se combate.
El Ministerio Público actúa como representante de la sociedad, vigilando el correcto desarrollo en el juicio.