martes, 13 de octubre de 2009

Por que no soy partidario de la pena de muerte


Por Christian Guillermo Honigmann Camarillo.

Este articulo se publico en la pagina del INACIPE a mediados del año 2009, según mi punto de vista al instaurarse la pena de muerte se estaría dando a la parte acusadora un tipo de venganza, por ejemplo en el caso de un secuestro la familia pedirá la pena máxima, recordemos que el Estado debe impartir justicia mas no venganza, se los trancribo para su analisis.


“Tres razones para no respaldar la pena de muerte
Gerardo Laveaga
Abril 2009

No tengo prurito alguno de carácter filosófico, religioso o moral contra la pena de muerte. Si una sociedad bien informada decide sancionar ciertas conductas de uno de sus miembros y esta sanción –por dura que sea– se ejecuta bajo las reglas que establecen la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que ha sucrito dicha comunidad, no veo objeción para que lo haga.
Con sus ventajas y desventajas, ésta es la democracia. Pese a lo anterior, encuentro tres razones que, en lo personal, me impedirían votar a favor de la pena de muerte.

1.- Se trata de un castigo irreversible.
Es tan falible nuestro sistema de procuración y administración de justicia –y cuando digo nuestro, me refiero al género humano–, que echar mano de un castigo irreversible no parece sensato. De 1993 a 2009, en Estados Unidos quedaron libres 232 personas, acusadas de violación y, en algunos casos, a punto de ser ejecutadas, ante las nuevas evidencias que aportaron las pruebas de ADN. Algunos estuvieron presos 25 años; otros, sólo 10. En México no contamos con un registro tan puntual pero, si resulta indignante que, después de permanecer un año en prisión preventiva, un individuo sea liberado porque se le halló inocente ¿cómo podríamos calificar el hecho cuando se ha privado de la vida a este sujeto?
Si se contara con un sistema infalible de procuración y administración de justicia, donde no hubiera cabida para el error de policías, agentes del Ministerio Público, peritos, jueces o testigos, la pena de muerte podría resultar seductora. Podría, incluso, prosperar dentro de muchas sociedades democráticas. En términos filosóficos, es tan defendible como la prisión misma. Pero la realidad no se caracteriza por la pureza conceptual. Los riesgos son enormes. Correrlos representaría una irresponsabilidad.

Quienes hemos visto de cerca escandalosos errores judiciales, sabemos que ninguna pena puede aplicarse de manera objetiva, inobjetable, pulcra. Si a esto añadimos las desigualdades que caracterizan a muchas sociedades, mi temor por la irreversibilidad de la pena de muerte se incrementa: en su afán por demostrar su eficacia, muchos políticos recurrirían a ella para satisfacer las demandas de una opinión pública agraviada. Se cometerían abusos a granel y no habría forma de enmendarlos. Y éste, ya no es el espíritu de la democracia.

Pero aún si el sistema de justicia resultara infalible, aún si no existieran desigualdades y ningún político, en busca del aplauso momentáneo, pudiera cometer abusos, hay otro elemento que debemos considerar: ¿cómo probar la culpabilidad? Esta pregunta, por cierto, constituye el principal desafío del Derecho Penal y sobre el tema se han escrito cientos de libros, miles de artículos en todo el mundo. Los dogmáticos han hecho del asunto su bandera y aunque ésta revista matices distintos –a veces contradictorias– entre causalistas, finalistas, funcionalistas y otras escuelas, debe ser atendido: ¿Se puede castigar a un individuo por lo que hizo, haya o no querido hacerlo?

Un hombre que sale de su casa manejando su automóvil y atropella a otro, causándole la muerte ¿debe ser privado de la vida? Quizás quiso cometer un homicidio. Pero ¿y si fue un accidente? ¿Habría que ejecutar en la silla eléctrica, en la horca o en la cámara de gas a todos los que participaron en un percance de tránsito en el que hubiera habido muertos? En una carambola ¿a quién ejecutamos? ¿al que se estrelló, en un primer impacto, contra el trailer de adelante, al chofer de éste, que se durmió mientras manejaba y provocó la conflagración, o al quinto conductor que fue el que, al impactarse contra el cuarto vehículo, causó dos muertes? En este ejercicio, no faltaría quien dijera que habría que sancionar con la pena máxima al patrón del chofer del trailer, que obligó a su empleado a trabajar sin darle un descanso. Razonamientos similares tendríamos que aplicar en una riña de cantina o en una disputa pasional en la que hubiera decesos: ¿a quién matamos?
Si esto no fuera suficiente, también tendríamos que enfrentar el influjo de los medios de comunicación, que crean inocentes y culpables con pavorosa facilidad. Precisar a quién se asesina y a quién no, podría acabar dependiendo de una campaña televisiva bien orquestada. Enfriados los ánimos de los dueños de la televisora, ya no habría forma de enmendar un posible error.

2.- No inhibe los posibles ilícitos.
He tenido la oportunidad de conversar con algunos delincuentes y puedo afirmar que la mente criminal no opera en términos de la pena. Ninguno piensa: “Caramba. Antes podía matar porque la pena era de 40 años; ahora que es de 70, prefiero no hacerlo”. Quien no teme una condena de 20 años, tampoco teme a una de 50 ni a la de muerte. En su apuesta, el criminal considera que a él no lo van a descubrir y que, si lo hacen, no lo podrán atrapar.

En el peor de los casos, un delincuente estima que podrá corromper al policía, al agente del Ministerio Público o al juez. Muchos de ellos, incluso, antes de emprender una acción delictiva, se cercioran de tener disponible la cantidad monetaria que, según sus cálculos, podrían necesitar para eludir a la justicia. Por ello, si lo que se busca con esta amenaza es desalentar, poner un castigo ejemplar que desanime a quienes quieran proceder del mismo modo, hay que buscar por otro lado. Entiendo las razones electorales que algunos partidos políticos han tenido para pronunciarse a favor de la pena capital: “Voten por nosotros porque, así, vamos a poner fin a la inseguridad en México”. Quizás el slogan les dé votos, pero sólo será entre las personas menos informadas.

Cuando uno revisa las cifras de un país como Estados Unidos, advierte que el número de homicidios, violaciones y secuestros es tan alto en las 14 entidades federativas donde se aplica la pena de muerte, que en las 36 donde no se aplica. Incluso, si excluimos Washington, D. C., que por razones obvias tiene las tasas delictivas más altas del país, se puede afirmar que la delincuencia es menor donde no existe la pena de muerte.

3.- Aplicarla es extremadamente caro.
De acuerdo con los estudios más conservadores, resulta más barato mantener en prisión vitalicia a una persona que condenarla a la pena máxima y ejecutarla. La duración de un proceso, en estos casos, es de 10 años, aproximadamente, y –al menos en Estados Unidos, al que hay que citar constantemente, dado que es uno de los pocos países desarrollados donde subsiste esta práctica–, exige la participación de jurados, jueces especiales, celdas individualizadas, vigilancia especial, instancias extraordinarias… Es cierto que, en otras naciones, como China (donde, por cierto, se aplica el 70% de las penas de muerte en el mundo), Irak, Pakistán e Irak, el proceso es más rápido y menos oneroso, pero, ante su ineficacia ¿por qué mejor no emplear estos recursos financieros en centros de salud, escuelas y parques?
Conscientes de los crecientes costos, algunas entidades federativas de E. U. como Kansas, Nuevo México, New Hampshire y Colorado –estado, este último, donde en 2009 quedaban más de 1400 homicidios por aclarar–, han comenzado a dar los primeros pasos para desmantelar los aparatos encargados de aplicar la pena máxima.

Soy, como lo he escrito en otras ocasiones, partidario de un Estado fuerte, dotado de facultades suficientes para cumplir con sus objetivos. Me parece, no obstante, que si un Estado llega a acumular facultades tan amplias –así sea como producto del ejercicio democrático a que me referí en un principio–, podrían cometerse abusos incorregibles, incluso contra quien le dotó de tales facultades. Estos abusos, por añadidura, no se traducirían en niveles más altos de seguridad pública.

Como un lector de Thomas Hobbes, me parece que el filósofo inglés acertó en muchos de sus diagnósticos. Aún así, creo que otorgar nuestra libertad al “soberano” (no hablo de una persona en el sentido hobbesiano sino de la institución del Estado) debe tener sus límites. No por principios filosóficos, religiosos o morales, insisto, sino por la salud del Estado mismo que, para conducir los destinos de una comunidad, necesita gozar de amplios márgenes de obediencia, legitimidad y eficiencia. La pena de muerte no ayuda a nada de esto.”

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